El equipo de fiscales provinciales que comanda Graciela Griffith Barreto y se completa con sus pares Lucio Otero y Nélida Villalba, deberá resolver en las próximas horas si acepta o no la solicitud de la justicia federal de declinar su competencia en la causa en la que se investiga a exfuncionarios provinciales por supuesto lavado de dinero proveniente de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Vale recordar que a partir del inicio de la investigación en el fuero federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, la Procuración General constituyó un equipo de fiscales para investigar a los exfuncionarios provinciales y personas allegadas por los delitos “precedentes” que tienen jurisdicción provincial, siempre en base a la investigación preliminar iniciada en el fuero federal en la denominada causa Lavado I.

¿Conflicto en puerta?

Al hacerse cargo de la investigación del entramado provincial, el equipo de fiscales resolvió, casi inmediato, ordenar la detención del ex secretario general de Gobierno, Horacio Rey; el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo; la exsecretaria privada del gobernador y esposa de Horario Rey, Susana Fernández; el excoordinador de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández (cuñado de Horacio Rey). Esas medidas provocaron tensión con la justicia federal que consideró que se obstaculizaba la investigación en curso teniendo en cuenta que a partir de ese momento ya no se pudo contar con las escuchas telefónicas que habían sido disputas para los implicados por parte de la justicia federal. El reclamo público del fiscal Sabadini obtuvo una encendida respuesta del propio presidente de Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, quién defendió la competencia de la justicia provincial y, de algún modo, adelanta la postura que podría adoptar el equipo de fiscales en las próximas horas. “Lo federal en esto no tiene nada que hacer”, había afirmado el titular del máximo tribunal de justicia del Chaco. Tras esas declaraciones, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, afirmó, por el contrario, que “todo puede ser investigado por la justicia federal”.

Por los delitos precedentes, Rey y Lugo fueron imputados como coautores de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, “malversación de caudales públicos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” (en el caso de Rey en 7 hechos) e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tanto Susana como Ismael Fernández obtuvieron, posteriormente, su libertad, tras una caución juratoria; mientras que, por otro lado, se ordenó la detención del exsubsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Butticé y del contador Gustavo Katavich, designado por Rey a cargo del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO).

Lo que puede suceder

En caso de que la justicia provincial decline su competencia en la investigación de los delitos precedentes, los mismos quedarán a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger, quién puede delegar la investigación en el fiscal Sabadini. En caso contrario, es decir, que los fiscales provinciales decida mantener su competencia en la investigación de los delitos de jurisdicción provincial, se trabaría un conflicto de competencia que debería dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que no impedirá que avancen las investigaciones por carriles separados.

 Fuente chacodiapordia