El 9 de enero, los servidores digitales del poder judicial se vieron afectados por un ciberataque. Ricardo Urturi, presidente del Consejo Profesional de Abogados de la primera circunscripción, en comunicación con Radio Provincia, se refirió a los perjuicios ocasionados y el estado de recuperación de los datos.

En primer lugar, el abogado hizo referencia en cuanto a la gravedad del hecho en lo que respecta a la recuperación de los expedientes. Sin embargo, destacó que “en algunos lugares lograron recuperar prácticamente la totalidad de los datos, como es el caso de San Martín, Villa Angela, Castelli y Charata”.

En cuanto a la dimensión del atentado, sostuvo que el “perjuicio más grande fue en Resistencia, principalmente en el fuero civil y comercial, mientras que los menos perjudicados fueron los fueros de familia, laboral y penal, ya que la información, en estos casos, estaría asegurada hasta fines de noviembre”.

Así también comentó acerca del riesgo en los datos recuperados ya que es necesario “tener la certeza de que no estén infectados y no contengan algún vestigio del virus que pueda afectar de nuevo el sistema”. “Toda la información que no se recupere, implica expedientes que van a estar incompletos y las partes que falten va a haber que reconstruirlas”, agregó.

Otra dificultad que se presenta en este contexto es que “el 1 de febrero el sistema operativo solo va a estar disponible para los jueces y juzgados”, ya que “los técnicos recomendaron que, en esta primera etapa, se manejen los datos en una intranet, es decir, interna del poder judicial, hasta que tengan la certeza de que al salir no corran riesgo de infectarse” comentó el abogado.

Urturi destacó que hay cierta preocupación en cuanto a la manera en que van a trabajar los profesionales. “El primer punto a considerar es que las dos primeras semanas de febrero se suspendan términos y audiencias. En ese periodo cada juzgado trabajará en la recuperación de los expedientes y el análisis de los daños en cada uno”.

Finalmente, comentó que el próximo lunes saldría un acuerdo en el que estarían reglamentados los trámites que se van a poder llevarse a cabo en este período y el procedimiento para realizarlos.