El proceso judicial en el cual están involucrados el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo; el exsubsecretario de Medios, Paulo Buticce; el ex titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández, y otras personas más, tuvo el aporte publico del denominado Equipos de Fiscales compuestos por los Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba.

Ante la prensa local, comenzaron señalando que, “en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, ya se han recolectado todas las pruebas necesarias”. Considerando que, “el avance ha sido significativo desde que comenzó el 19 de marzo pasado; y comenzando el mes de julio ya tenemos la prisión preventiva de todos los imputados”.

Dimensión de la estafa investigada

“En primer lugar, queda demostrado que estos hechos sucedieron”, sostuvieron los funcionarios judiciales. Agregando que, “hasta las ultimas declaraciones que se le han tomado a las imputados, surgen 200 contratos de publicidad que se facturaron y no se hicieron por parte de empresas y fundaciones que no existían o no funcionaban”.

“Pero siguen otros más, advirtieron. Todavía estamos revisando a otras empresas que han cobrado, si estaban funcionando y si tenían la capacidad de realizar publicidad y que es lo que percibieron; como también si hubo sobreprecios en esas facturaciones al Estado”, revelaron.

Indicando que, la suma estimada del desfalco hasta la fecha y con las detenciones existentes, “y estamos hablado de una estimación, alcanza la cifra de $60 millones que se han llevado del erario publico”. Advirtiendo que, “esta suma aun es provisoria, porque aun queda por ver otras pruebas que estamos recolectando”.

Aclaraciones y precisiones

Los miembros del Equipo de Fiscales también procedieron a efectuar aclaraciones sobre los motivos por los cuales consideran que se deba mantener la prisión preventiva de varios de los imputados; algunas ellas que recientemente fueran confirmadas por el juez de Garantías.

En ese punto, precisaron que, tanto las funciones e intervenciones del exsecretario de Gobierno, Horacio Rey, como fiduciante de la pauta publicitaria, y el resto de los ex funcionarios y personas imputadas, “esta muy bien corroborado”.

“Se investigo a donde fueron a parar esos dineros, y ya tenemos toda la documentación suministrada por el Nuevo Banco del Chaco respecto de todas y cada una de las cuentas donde se acredito lo percibido en estos 200 contratos”, dijeron. Agregando que todo esto proceso se concreto en el lapso de un año y medio.

También dieron a conocer las características de algunas operaciones, como la ‘aparición’ de cuatro empresas radicadas en Buenos Aires. “Ninguna de estas existen, salvo en los papeles”, revelaron. Indicando a una de ellas, de nombre Praxton, con una facturación de $14 millones; y en donde aparecen cheques a su nombre que fueron retirados por una persona, “que trabajaba con el señor Rey”.

Remarcaron, además, que se pidieron y verificaron también otros periodos, en el área de pautas publicitarias del gobierno provincial, “pero las irregularidades se dan justo en este. Que comienza a principios de 2016 hasta fines de 2017 y principios de este año”.

“Lo llamativo es que algunas empresas se crearon en noviembre de 2015. Y que, a partir de enero o febrero de 2016 es cuando estas empresas, hoy cuestionadas, comienzan a cobrar de forma abultada pautas publicitarias a través del FAPO”, subrayaron.

Elevación a juicio

Respecto de cuando estaría dadas las condiciones para que la causa llegue a ventilarse en debate púbico, resaltaron que, primeramente, “nuestro compromiso y obligación es seguir adelante, y llevar la causa a juicio lo antes posible a la Cámara del Crimen.

Los fiscales aseguraron que, con la probatoria existente en el expediente, están en condiciones de avanzar con aquella elevación; pero, en materia de tiempos, aclararon que en esto también tienen que ver todas las articulaciones defensivas que puedan interponer los abogados de los imputados.

En ese sentido, insistieron que las prisiones preventivas las consideran esenciales para avanzar en el inicio del juicio. Considerando que los imputados deben continuar detenidos, “por la gravedad de los delitos y por posibilidad de interferir que tienen por los medios económicos con que cuentan y hasta por la posibilidad de fuga”.

Y reiteraron que están firmes, por el Juzgado de Garantías, las prisiones preventivas de Rey, Buticce y Zibecchi. Aunque aun restan definir las oposiciones presentadas a las detenciones de los imputados Osuna, Vilte y Aguirre. “Es una audiencia que aun no se realizo”, explicaron.

Pero también los fiscales anunciaron que están abocados a otras causas – que serian conexas – donde están efectuando la colecta de pruebas. “Todo esto sigue su curso”, afirmaron.

La situación procesal de Lugo

Ante preguntas de los periodistas presentes, los fiscales diferenciaron la situación de Roberto Lugo, que no esta imputado en la causa FAPPO, sino por su actuación como funcionario del Estado provincial, “para el direccionamiento y el favorecimiento hacia empresas vinculadas familiarmente a el o sus relaciones intimas”.

Y, en ese aspecto, aclararon que, la relación posterior entre Lugo, Rey y Varela, “es una situación que deberá ser ventilada en el fuero penal federal”. Dejando en firme que, todas estas actuaciones, serán remitidas a la Justicia federal, con quien están en una vinculación estrecha y diaria, para que sea la jueza federal la que determine aquellos aspectos vinculados al lavado de activos y de evasión fiscal.