Durante la semana anterior la gran mayoría de las Universidades Públicas del país realizaron paros y asambleas. También hubo varias marchasy para el próximo jueves se espera otra marcha multitudinaria ¿Por qué? Porque están en peligro los establecimientos educativos, los profesores que dictan clases allí, los investigadores y todos aquellos que deseen concurrir a ellas ¿Peligro de que? De continuar con sus actividades.

Desde noviembre de 2017 los salarios de los docentes sólo aumentaron un 5 por ciento. En este sentido, tal como señaló el sociólogo Daniel Schteingart, con la propuesta oficial y con una inflación del 32 por ciento el poder adquisitivo del salario anual docente universitario sería 7 por ciento menor al de 2015.

Sin embargo, no sólo los docentes son los que reciben cada vez menos. Según un documento de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el presupuesto a la función Ciencia y Técnica fue el 1,53% del presupuesto nacional en el año 2016; el 1,4% en el 2017 y del 1,27% en el 2018.

Esto lleva a que, por ejemplo, se reduzca el ingreso a la carrera del investigador científico. De hecho, se pasó de 600 ingresos en la convocatoria 2016 a 450 en la convocatoria actual. Para el caso de la Facultad de Ciencias Exactas en 2016 se presentaron 94 postulantes y solo ingresaron 30 y en la convocatoria actual se postularon 119 para la mitad de las vacantes. De esta manera, la disminución de científicos para el área es un hecho y la nueva fuga de cerebros, una posibilidad cada vez mayor.

Como si con estos números no alcanzara, hace pocos días la Universidad de San Martín denunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pretende desafectar 1,2 hectáreas del Campus Miguelete para que las use una empresa, que a su vez será corrida de otro terreno estatal que ocupa actualmente para desarrollar negocios inmobiliarios. Un Campus único destinado a construir un centro de desarrollo tecnológico y una escuela técnica, entre otros edificios.

De esta manera se observa como lejos de ser cuestiones azarosas, hay una clara política de Estado por desmantelar la educación pública. Como se mencionó en otras oportunidades, presupuesto hay, lo que no existe es la decisión política para fomentar el desarrollo científico tecnológico y sostener un derecho fundamental como el acceso a educación pública.