El Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó la fecha del 5 de abril para el inicio del juicio oral de la causa conocida como Ligas Agrarias, en el cual se juzga el plan de exterminio durante la última dictadura de pequeños productores y trabajadores rurales del interior provincial que se organizaron para mejorar las condiciones de trabajo y  hacerle frente a la especulación con el precio del algodón por parte de grandes monopolios.

Por otra parte, se fijó la fecha de audiencia preliminar para el 27 de marzo, para analizar pruebas y otras cuestiones de organización, previo al inicio del debate oral donde se juzgara la complicidad judicial y civil con el terrorismo de Estado, y la que figuran imputados el ex fiscal Domingo Mazzoni y Pablo Casco, Jefe de Guardia de la Prisión U7 .

En la causa Ligas Agrarias 1, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal  promovió en 2011 la investigación por los  asesinatos de los dirigentes rurales Ñaró Gómez Estigarribia y Carlos Piccoli, que constaban en la reconstrucción oficial como enfrentamientos.

La investigación logro reconstruir en base a testimonios, documentos y la exhumación de los cuerpos por parte del Equipo de Antropología Forense EAAF, que se trataron de sendos fusilamientos en emboscadas.

Están imputados por los homicidios agravados el ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, al agente de Policía Miguel Antonio González y sus pares Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter junto al ex comisario José Francisco Rodríguez Valiente.

También estará en el banquillo de los acusados el Comisario General Eduardo Wischnivetzky quien se le imputa la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales. Tanto Bettolli como Rodríguez Valiente ya recibieron sendas condenas en la Causa Caballero I y en la Causa Caballero II.

Según la versión oficial, tanto Gómez Estigarribia como Píccoli fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Así quedó registrado en los sumarios policiales incorporados a un expediente de la Justicia federal de la época. Sin embargo, la investigación, el procesamiento, la confirmación del mismo y ahora la elevación a juicio presentada por los fiscales indica que, en ambos casos, los dirigentes habrían sido ejecutados.

Gómez Estigarribia, dirigente rural y docente, era buscado intensamente desde 1975 por las Fuerzas Armadas, debido a su activa participación y militancia. El 12 de febrero de 1977, había organizado una reunión en una casa en Corzuela, sobre la que tomó conocimiento el oficial de inteligencia del Ejército Bettolli, quien operaba en la zona en la persecución de la organización y montó un operativo para tenderle una emboscada.

Por su parte Carlos Píccoli había logrado salir del país y regresa en 1979 junto a Armando Molina (Desaparecido) con la denominada contraofensiva, encontrándose en la zona rural de Sáenz Peña, restableciendo el contacto con pequeños productores, cuando es emboscado en un camino vecinal a la madrugada por un retén policial armados con un fusil fal y una ametralladora.

La acusación que pesa sobre Wischnivetzky está enmarcada en crímenes de lesa humanidad que sufrieron los pobladores rurales y pequeños productores del interior del Chaco, relacionados con la persecución a militantes de Ligas Agrarias. En ese contexto, el entonces comisario de Villa Ángela comandó secuestros y torturas a integrantes de la organización campesina, ocurridos en la localidad de Villa Berthet, el 30 de agosto de 1976.

La Complicidad Judicial

En lo que respecta al proceso en curso contra el ex fiscal Federal Mazzoni y el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Cesar Casco, en el requerimiento de elevación a juicio los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay describieron la conducta de Mazzoni como “aporte sustancial” al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. Cabe recordar que el otro imputado era el ex juez federal Luis Ángel Córdoba, fallecido a los 79 años en Buenos Aires en agosto de 2017.

Según el requerimiento de elevación a juicio el accionar de los imputados se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los grupos de tareas de la Brigada de Investigaciones y oficiales del Ejército del Área de Inteligencia.


Fuente:Chacodiapordia