La resolución implica la postergación de facto y sin fecha de las cuotas que restaba girar del programa por U$S 57 mil millones. Entre ellas, la que debía ser abonada el 15 de este mes, por U$S 5400 millones, monto que el gobierno necesita de manera imperiosa para cerrar el programa financiero del corriente año.

Voceros del organismo se lo confirmaron este sábado al diario Tiempo Argentino. “Seguimos como lo habíamos comunicado la semana pasada. No hay fechas definidas. Estamos analizando las recientes medidas y continuamos en estrecho contacto con las autoridades argentinas”, señalaron.

Con esta determinación, el acento para continuar con la asistencia estará puesto ya no en el cumplimiento de las metas fiscales pactadas, sino en la viabilidad del escenario que se dibujó a partir de la disparada del dólar y la caída de reservas del Banco Central. Allí también se incluyen el cepo a la compra de divisas y las limitaciones a la salida de capitales al exterior.

La resolución es una rotunda respuesta a lo que había dicho el presidente Mauricio Macri el jueves, en relación a la llegada del dinero del FMI. “Sí, esperamos el desembolso porque hemos cumplido con todo”, dijo el primer mandatario en su visita a Córdoba. El giro de los acontecimientos y el cambio de criterios para dar por aprobada la revisión dejó al presidente en offside.

Las esperanzas de Macri radicaban en haber alcanzado las metas fiscales comprometidas para el primer semestre del año. Esa era la condición para gatillar otra cuota. Ahora, esa dejará de ser la prioridad.

Es que la misión auditora que tenía que verificar esos números se convirtió en otra de mayor voltaje político, encabezada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli (director del Departamento para el Hemisferio Occidental y monitor del caso argentino, respectivamente), que llegó a la semana siguiente de las PASO y tuvo como prioridad otear el panorama. Para eso se entrevistó con Hernán Lacunza, apenas asumido como ministro de Hacienda, y con Alberto Fernández, el candidato presidencial más votado en las Primarias de agosto.

En esas entrevistas, además, los emisarios se encontraron con una dura posición de Fernández, quien colocó al gobierno y al FMI en el mismo nivel como responsables de la crisis y les reclamó “poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina; para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”.

Con el comunicado bajo el brazo, los dos funcionarios volvieron enseguida a Washington y expusieron la situación ante el directorio, que trató el tema de urgencia y fuera de su orden del día.

El tercer acuerdo

En los hechos, el análisis de las nuevas medidas abre las puertas a un nuevo programa, que sería el tercero en menos de 15 meses. El primero, por U$S 50 mil millones y una duración de 36 meses, se celebró en junio de 2018. Tres meses después, ante una nueva ola devaluatoria, vino el segundo acuerdo, en el que se amplió la asistencia financiera a U$S 57 mil millones, se acordó que el dinero sería desembolsado de manera efectiva (en el anterior el acceso era sólo precautorio, es decir quedaba a consideración del gobierno si lo retiraba o no) y se aceleró el cronograma de manera que el 88% de los fondos llegaría durante la gestión de Macri.

En el medio cambiaron recetas y funcionarios. Quedaron en el recuerdo las metas de inflación, las Lebac (reemplazadas por las Leliq), la libre flotación del tipo de cambio y las bandas de referencia. Se alejaron Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger (los firmantes del acuerdo original) y Luis Caputo.

La prédica del déficit cero perdió terreno en manos de los congelamientos de precios y los subsidios. A pesar de ello, el dólar pasó de $ 25 a $ 58, la inflación se aceleró y las tasas llegaron al 85%. De los U$S 44 mil millones que llegaron, en las arcas del Banco Central sólo quedaron U$S 3000 millones.

Calzados y descalzados

La demora en la llegada del dinero puede agudizar las tensiones económicas y financieras. La Secretaría de Finanzas tenía los pagos de deuda calzados con los ingresos del Fondo. La incertidumbre sobre esos envíos (hay otro previsto para diciembre por U$S 1000 millones) disparó la decisión de patear para adelante buena parte de las Letes, Lecap y otras obligaciones a cancelar antes de fin de año.

Una estimación de la consultora Eco Go señala que de no llegar el giro prometido, el Tesoro tendría un faltante de u$s 1280 millones y $ 255 mil millones para cancelar sus compromisos en moneda extranjera y local, respectivamente.

A ello se suma el vacío de poder que vive el Fondo, inmerso en una transición que puede alargar aun más los plazos. Su directora gerente, Christine Lagarde (sostén de Macri en el mundo de las finanzas internacionales), dejó la entidad y su casi segura sucesora, la búlgara Kristalina Georgieva, recién asumiría el 4 de octubre. Es demasiado tiempo para un gobierno que en siete semanas se juega su continuidad en el poder.