“La ley es una herramienta legal para que el Estado tenga capacidad de compra y agilidad para que los alimentos lleguen más rápido a los comedores y los merenderos donde se alimentan los argentinos que no pueden comer en su casa”, explicó Leonardo Grosso. 

“Con 50% de pibes y pibas bajo la línea de pobreza y cientos de miles de familias sin poder alimentarse, el hambre debe ser la principal prioridad de la agenda pública y política de este gobierno y del que viene”, explicó Gildo Onorato, dirigente de la CTEP.

Los recursos ya existen

El aumento de partidas para alimentos no requiere nuevas erogaciones: son reasignaciones de partidas. “Como sociedad debería avergonzarnos que podamos brindar alimentos a 400 millones de habitantes en el planeta y no podamos resolver el problema alimenticio de 15 millones de pobres en la Argentina. No se trata de un problema presupuestario, sino de resolver la pobreza”, dijo el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Un proyecto consensuado

El proyecto es una iniciativa de los movimientos sociales y cuenta con el apoyo de la CGT, la Unión Industrial Argentina, la Iglesia Católica, gran parte del arco opositor y parte del oficialismo en el Congreso. Se elaboró a partir de doce iniciativas de diferentes bloques de Diputados: el Frente de Todos, el bloque Justicialista, el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y Unidad Justicialista (San Luis).