Esa norma había eliminado un decreto de cuando la ministra del área era Nilda Garré y que establecía taxativamente que solo podían intervenir ante una agresión externa de otro Estado. El entonces ministro de Macri, Oscar Aguad, había planteado modificar el decreto para sumar otras “amenazas” como el narcotráfico, el terrorismo, la ciberseguridad y los recursos estratégicos.

Rossi confirmó la búsqueda de volver a las Fuerzas Armadas al rol que estipulan las leyes de Seguridad Interior y Defensa: “Vamos a proponer modificar el decreto de Macri que habilitaba a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior”.

“En todo el mundo fracasó la incursión de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, hay que cerrar todas las posibilidades de que cumplan ese rol”, advirtió el ministro de Defensa. De paso, Rossi se refirió al estado en el que encontró el ministerio: “Lo que vi durante este mes de gestión es que lo que durante el último tiempo la política fiscal de ajuste fue prioritaria frente a la Defensa. Nos encontramos con problemas de racionamiento y falta de comida en general”.

La decisión confirmada por Rossi de dar marcha atrás con el decreto que daba posibilidades a las Fuerzas Armadas de intervenir en seguridad interior es parte del camino que busca el actual Gobierno de desandar políticas reñidas con las leyes.

En su momento, Aguad defendió la eliminación del decreto propuesto por Garré en la época de Néstor Kirchner como parte de una “modernización” de las Fuerzas Armadas. El decreto decía que los militares solo podían actuar ante un ataque externo de otro Estado. “Hoy las Fuerzas Armadas están encorsetadas”, se quejaba Aguad.

El gobierno de Macri nunca terminó de concretar sus planes para las Fuerzas Armadas. Sí logró que hicieran apoyo logístico en tareas contra el narcotráfico en las fronteras para Gendarmería y Prefectura. O buscaron sumarlos a la custodia de centrales nucleares o Vaca Muerta, aunque la mayoría del trabajo finalmente recayó en las fuerzas de seguridad y no en las Fuerzas Armadas. Uno de los problemas que debió enfrentar Aguad para aplicar esa nueva política fue la resistencia de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, que no veían el negocio de involucrarse en tareas policiales.

También Macri debió reemplazar a un ministro – el radical Julio Martínez -, quien se oponía a esa nueva lógica, frente a los avances de Patricia Bullrich. Lo que buscaban era sumar a las Fuerzas Armadas a ocuparse de amenazas no provenientes de otros Estados, del estilo de grupos terroristas, ciberataques y otras “amenazas asimétricas”, según la doctrina de Estados Unidos.

“La Argentina tiene que prepararse para cualquier ataque a su territorio o a su estructura vital de alguna fuerza que no sea estatal”, dijo en su momento Aguad. “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan”, lo apoyó Macri.

Una semana antes de irse, Macri también avanzó en cambios en la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas que buscaban solidificar esos cambios. Rossi ya dejó en claro que dará marcha atrás con el decreto y que se volverá a limitar a las Fuerzas Armadas a su función constitucional.

Por otro lado, el ministro se refirió al caso del submarino ARA San Juan: “Los familiares de las víctimas del ARA San Juan me pidieron una reunión y se la dí. Quieren hacer un memorial que recuerde a los fallecidos en algún espacio público de Mar del Plata. También hablamos de hacer un homenaje en el océano. Veremos si lo podemos hacer en octubre de este año”.

“Después de lo del ARA San Juan, necesitamos un submarino. Tenemos uno viejo, el submarino Salta, que ya no navega y se usa como simulador. Necesitamos otro para cumplir tareas de vigilancia e investigación”, advirtió el ministro. “Hay que decidir si reparamos el submarino Santa Cruz, el mellizo del ARA San Juan, o adquirimos otro”.