¿Qué respuesta está dando el sistema de salud? Nuestra hipótesis de trabajo es que la mayor parte de las terapias existentes, vinculadas con las adicciones, han sido diseñadas pensando en los hombres. Ello dificulta, cuando no impide, el adecuado tratamiento de las mujeres. Un dato habla por sí solo: solo en la provincia de Buenos Aires, existe siete comunidades terapéuticas dependientes del Estado bonaerense. Todas ellas están destinadas a la atención de pacientes hombres.

En tanto, respecto a los dispositivos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), existe un total de 85 Casas de Asistencia y Acompañamiento Comunitario (CAACs) en la Provincia,  y solo cinco ofrecen la opción de alojar mujeres, mujeres embarazadas y mujeres con niños. Cabe destacar que estas cinco casas son, en realidad, dispositivos mixtos.

Esta situación de discriminación y exclusión pone a la Argentina en una verdadera encrucijada ante la comunidad internacional. Justamente, este año se celebra el 25° aniversario del momento en que la Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas estableció el modo de eliminar las barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida, ya sea en lo público o en lo privado. En particular, el objetivo estratégico C.2 de esta plataforma hace hincapié en el desarrollo de políticas para la prevención y asistencia de las adicciones, y en la promoción de la salud de la mujer. Dice textualmente:

“Formular y aplicar campañas de difusión y programas de información y educación que informen a las mujeres y a las muchachas sobre los riesgos para la salud y los riesgos conexos que plantea el uso indebido de drogas y la adicción, y preparar estrategias y programas que desalienten el uso indebido de drogas y la adicción y promuevan la rehabilitación y la recuperación”.

Asimismo, a nivel de regional, conforme la Declaración de Antigua de la Organización de Estados Americanos (OEA, 2013), las políticas públicas relacionadas con el problema mundial de las drogas necesariamente deben ser diseñadas e implementadas con un enfoque de género. En la Argentina, lamentablemente, no existen políticas públicas consistentes que tengan un enfoque diferenciado que dé cuenta de soluciones fácticas a la cuestión. Las mujeres que padecen consumos problemáticos tropiezan con obstáculos considerables, inherentes a los sistemas, de índole estructural, social, cultural y personal, para tener acceso al tratamiento del abuso de sustancias.

Cabe recordar que el enfoque de género es uno de los ejes del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas que la Sedronar consensuó con las provincias. El objetivo declamado fue superar estereotipos y garantizar la igualdad de oportunidades, haciendo especial énfasis en el acceso equitativo de mujeres y hombres a los servicios de salud en general. Pero la realidad, como muchas veces sucede en la Argentina, fue por otro andarivel.

La realidad en números

La prevalencia de vida es una tasa que expresa la proporción de personas que alguna vez en su vida hicieron uso de las sustancias indagadas. En este porcentaje están incluidos todos los usuarios sin distinción: experimentadores, abusadores, dependientes y ex usuarios. Es una tasa global que indica, en un territorio determinado, qué porcentaje de personas tuvieron contacto y probaron alguna de las sustancias.

Si trazamos una comparación respecto al consumo por parte de hombres, las mediciones realizadas por la Sedronar –Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina– muestran una tasa de prevalencia mayor en mujeres en lo que se refiere a algunas drogas específicas, sin prescripción médica. Nos referimos concretamente a los medicamentos opiáceos y a los adelgazantes, siendo estos últimos donde mayor diferencia se registra: la tasa en mujeres es casi cuatro veces superior.

Ahora veamos qué ha ocurrido respecto al consumo de sustancias enfocado específicamente en las mujeres.

Como puede observarse -salvo la heroína y los tranquilizantes- se registraron aumentos en el consumo de casi todas las sustancias. Algunos indicadores son por demás alarmantes: éxtasis (+266,67%), cocaína (+237,5%) y marihuana (+195%).

 En tanto, el aumento del consumo de alcohol en mujeres va en sintonía con los resultados de la Encuesta 2019 sobre Consumo de Alcohol en Niñas, Niños y Adolescentes, elaborada por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El estudio mostró que el Consumo Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA) – también conocido como “Binge Drinking” (BD)- apareció en 132 casos, representando más del 22% de la muestra, constituida por 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad. De los 132 casos de consumo excesivo, el 57% son mujeres (75 casos) y el 43% hombres (57 individuos).

El Ministerio de Salud de la Nación define que al CEEA como “la ingesta de gran cantidad de alcohol (más de 5 copas = 60 Gr/cc alcohol puro) en una sola ocasión o en un período corto de tiempo (horas). Esta práctica se registra con mayor frecuencia durante los fines de semana, en escenarios nocturnos, por fuera del marco de la alimentación y del ámbito familiar, siendo su motivación principal la búsqueda del estado de embriaguez. Este tipo de consumo produce significativas alteraciones comportamentales y del estado de conciencia, ocasionando daños en el individuo que ingiere la sustancia además de efectos sociosanitarios negativos”.

Pedidos de ayuda

Conforme al ya mencionado “Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina”, aparece que la incidencia de mujeres con consumos problemáticos que decide pedir ayuda profesional (0,5%) es menos de la mitad que la incidencia de la población masculina (1,2%)

Asimismo, en proporción, son muchas menos las mujeres que finalmente deciden iniciar un tratamiento por adicciones tras haber consultado y/o buscado la ayuda de un profesional, respecto a los hombres.

Las mujeres que demandaron tratamiento pero, por alguna razón, no lo realizaron presentaron una media de 38 años, mayormente con nivel educativo superior o universitario (38,3% completo y 14,6% incompleto). El 37,5% declaró trabajar en jornada completa y el 21,6% en jornada parcial. Algo más de la mitad reportó ser casada (55,7%); y cerca del 60% se atendía por obra social.  Asimismo, los estudios de la Sedronar también remarcan que las mujeres permanecen menos tiempo en los dispositivos de rehabilitación.

Otras variables a tener en cuenta son  

• Como la mujer afronta obstáculos considerables de acceso al tratamiento, se cree que está subrepresentada en todo contexto terapéutico. Los tabúes y estigmas culturales determinan que sus problemas de consumo de sustancias no sean frecuentemente reconocidos por ellas mismas, ni por sus familiares o por los profesionales de los servicios que podrían ayudarlas a recibir tratamiento.
• Las embarazadas y las madres que consumen drogas afrontan una condena social especialmente dura. Las embarazadas suelen tardar en acudir a los servicios, lo que tiene graves consecuencias para la madre y para el feto.
• Las madres son por lo general las principales responsables de cuidar a sus hijos y además tienen las tareas domésticas. Sin embargo, son pocos los servicios de tratamiento que funcionan también como guardería, y en algunos casos es impensado que las mujeres abandonen su hogar y sus responsabilidades familiares para someterse a tratamiento. En ese marco, los conceptos y datos relacionados al consumo de sustancias por parte de éstas deben ser tratados desde los diversos elementos contextuales que dan forma a la construcción del “ser mujer” en nuestra sociedad.

Al predominio de un enfoque científico, sanitario y político sesgado e indiferente se le suma el hecho de que –ciertamente– en volumen y en frecuencia, los varones son mayores consumidores de sustancias que las mujeres. En cierta forma, ello ha ocultado casi completamente la situación y las necesidades genuinas de las mujeres.

Al imponerse estrategias diseñadas casi exclusivamente para hombres, el resultado fáctico, comprobable, conocido, es que las mujeres sufren mayores dificultades y reciben menos ayuda en todo el arco que abarca un tratamiento, desde el diagnóstico hasta la reinserción social.

Muchos programas terapéuticos no responden al tipo de problemáticas y consumo que muchas mujeres padecen. A saber:

• Consumo de psicofármacos y alcohol en soledad: ámbito de ‘lo privado’.
• Malos tratos en la relación de pareja 
• Sexualidad y relación con el cuerpo (autoestima de género devaluada). Presencia de hijos/as en el tratamiento (“cargas familiares no compartidas”)
• Falta de apoyo familiar y social por una doble penalización moral y social ante el consumo.

La Igualdad y la No Discriminación en las políticas públicas.

Si bien en la “Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer”, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, solo se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo f) del artículo 2 y el párrafo a) del artículo 5 se pone de manifiesto que la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género.

La perspectiva de género permite hacer un mejor diagnóstico de la realidad, así como diseñar intervenciones estratégicas que tengan en cuenta este factor.  Este enfoque supone la incorporación de las herramientas necesarias para visibilizar los efectos del género en nuestra sociedad y en las personas, en los procesos macro y en los micro, en una interrelación constante de los mismos.

La discriminación no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente. En efecto, la discriminación que afecta a las mujeres no puede abordarse con las herramientas tradicionales fundadas en la concepción de aplicación injusta de la norma, sino desde la conceptualización de la discriminación sistémica y/o indirecta.

La discriminación indirecta contra la mujer tiene lugar cuando una ley, una política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio porque las desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida aparentemente neutra.

Además, la discriminación indirecta puede exacerbar las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre.

Las mujeres presentan una serie de características que condicionan tanto su decisión de abandonar el consumo, como su acceso al tratamiento y su eficacia. Asimismo, presentan una serie de necesidades específicas que no siempre son correctamente atendidas por los servicios existentes para el tratamiento de las adicciones. Estos son algunas de las principales barreas o dificultades con que encuentran las mujeres a la hora de recibir tratamiento:

• La dependencia afectiva de la pareja es más intensa en el caso de las mujeres, que se inician con frecuencia al consumo para compartir experiencias con su pareja (conseguir su aceptación y una mayor vinculación) y cuya opinión suele ser determinante a la hora de abandonar el consumo e iniciar tratamiento.
• Tienen cargas y responsabilidades familiares que dificultan el tratamiento: el inicio del tratamiento supone con frecuencia abandonar sus responsabilidades en el cuidado del hogar y de las/os hijas/os.
• Presentan sentimientos de culpabilidad y baja autoestima y estados depresivos y de ansiedad que dificultan el acceso a los tratamientos y el éxito en los mismos.
• Han sufrido experiencias traumáticas (violencia de género, abusos sexuales, intentos de suicidio, etc.) que no siempre son abordadas en el marco de los tratamientos.
• Son objeto de una especial estigmatización o rechazo social, que se intensifica entre aquellas que tienen hijas/os, y que se traduce en el silenciamiento u ocultación del problema (negando su existencia) y en el retraso o la no demanda de apoyo para superarlo.  Cuentan con menos apoyo familiar y social.
• Los recursos disponibles no se adaptan a sus necesidades: dificultades de acceso a los tratamientos residenciales cuando existen hijos/as menores (que no están adaptados para su acogida), horarios rígidos en los programas asistenciales o la usencia de servicios de guardería que permitan compatibilizar el tratamiento con las responsabilidades familiares.
• Dependen económicamente de la familia o la pareja. Tienen una importante precariedad laboral (desempleo, contratos temporales, etc.).
• Las mujeres están en situación de clara desventaja respecto de los hombres a la hora de acceder a tratamiento por el riesgo adicional que sienten de fracaso en el ejercicio de su rol y de aislamiento y rechazo social.

¿Qué hacer?

Las políticas públicas a desarrollar deberían contemplar:

• Contar con conocimientos específicos sobre aspectos diferenciales de hombres y mujeres: a nivel físico, sicológico, social y sus implicancias
• Analizar los propios estereotipos de hombres y mujeres que tenemos interiorizados a fin de cuestionarlos y liberar de prejuicios la terapia
• Revisar las actitudes propias ante los hombres y mujeres y sus relaciones para establecer relaciones de respeto con ambos
• Contar con herramientas terapéuticas diversas (cognitiva, conductual, psico-dinámica y relacional
• Se necesitan medidas de corto plazo para dar respuesta las urgencias de la problemática, pero también el trabajo profundo e invisible de una real transversalización en materia de género y derechos humanos que responda a la complejidad de la problemática.
• La Reglamentación, por parte del Poder Ejecutivo, de la ley 26.934 que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos con perspectiva de género.
• Habilitar recursos dónde las mujeres adictas en tratamiento puedan estar con sus hijos y haya equipos preparados para atenderles. En prisión existen programas de madres con hijos/as antes de escolarizar.
• Desarrollar un trabajo de pareja en centros ambulatorios o incluso con la ex pareja en la medida en que ésta pueda apoyar el proceso y siempre que no existan antecedentes de malos tratos.
• Fomentar la corresponsabilidad en la crianza de los/as hijos/as mientras la construcción social del género. Actualmente, los programas en general no responden al tipo de problemáticas y consumo que muchas mujeres presentan.
• Revisión integral de los protocolos y programas de inserción socio laboral para personas con problemas de drogodependencias, ya que las dificultades de acceso y permanencia en los tratamientos para las mujeres son de carácter social-estructural. Ésta le añade una serie de problemáticas que en estos programas ya se tienen en cuenta, pero a la inversa (las problemáticas derivadas de una construcción social del género) no se ha incorporado a los programas de atención a drogodependencias, con lo que las mujeres se ven muchas veces desatendidas en este sentido. Se las atiende en tanto que “drogodependientes” (bajo un análisis androcéntrico, como hemos visto), pero no en tanto que “mujeres” (en el sentido de discriminaciones producidas por cuestión de género).
• Sin una voluntad política implicada en el cambio de las redes de atención, el esfuerzo por incorporar la perspectiva de género recae sobre los agentes sociales e iniciativa privada exclusivamente. Es necesario promover la atención de las administraciones en este sentido, convocando concursos y subvenciones dirigidos a investigaciones y formación.

Fuente Walter Martello Defensoría del Pueblo Buenos Aires