En una pasaje del pedido, los representantes del organismo justificaron el pedido de prisión para estos agentes al señalar que los mismos actuaron “concertadamente para cometer delitos gravísimos”.

“Además, (…) existieron -y muy probablemente en este momento existan- maniobras de encubrimiento, estrategias para perpetuar de forma sistemática hostigamientos, malos tratos por razones étnicas y de géneros hacia quienes han sido víctimas directas, sus familiares y miembros de la comunidad y entorpecimiento a esta investigación penal preparatoria que está en pleno curso. Es así, que la única alternativa coercitiva para cumplir los fines del proceso y proteger a las víctimas garantizando un tratamiento psico – socio – jurídico  restitutivo de los derechos humanos vulnerados, es la detención de los policías indicados”, añadieron.

La Secretaría acusó puntualmente a los agentes Cristian Eduardo Foschiatti; Cristian Omar Benítez; Orlando Sergio Cabrera; Cristian Ariel Flores; Sebastián Vallejos y Matías Torres de ingresar a una vivienda del barrio Banderas Argentinas “sin orden de allanamiento, sin autorización de los moradores, ni orden de detención, ni dándose los supuestos para la aprehensión ni allanamiento sin orden judicial, ejerciendo fuerza sobre la puerta de acceso del mismo y violencia sobre sus moradores”.

Además denunciaron que una vez dentro de la casa, le propinaron múltiples golpes de puño y patadas a un joven de 20 años, a una adolescente de 16 y a una mujer de 43 años, para posteriormente privar ilegalmente de la libertad a los dos más jóvenes. A ambos, posteriormente, subieron en la caja trasera del móvil FR44 en la cual siguieron golpeando hasta arribar a la comisaría Tercera de Fontana. Una vez allí, continuaron sufriendo golpes, amenazas de muerte y la menor fue objeto de abuso sexual.

La Secretaría pidió que se impute a los policías por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones agravadas, torturas y torturas bajo la modalidad de tortura sexual, todo en concurso real.

“A poco de ver, señora Fiscal, son ilícitos que componen gravísimas violaciones a los derechos humanos más fundamentales al Estado de Derecho, cuestión que impacta decididamente en las víctimas, sus familiares, la comunidad indígena y criolla. Todo, en un claro contexto de violencia en razón del género (Ley 26.485) y racial contra las víctimas”, indicaron.





Fuente chacodiapordia