Desde el gobierno del Chaco aseguraron que esta decisión “guarda plena coincidencia con la Ley del Personal Policial de la Provincia del Chaco, la Ley de Seguridad Pública y los compromisos Nacional e Internacionalmente asumidos a partir del caso “Greco”, así como por el compromiso público realizado de garantizar una política de seguridad democrática con perspectiva de DDHH”.
La medida se da en sintonía, además, con los recientes anuncios del gobernador Jorge Capitanich de creación de la Dirección de Control Policial a cargo de un civil que tendrá como misión el control y prevención de cualquier tipo de accionar ilegal y violencia institucional de la fuerza policial en el Chaco. También con las acciones impulsadas desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco que actúa como querellante en esta causa.
Polémica actuación judicial
Vale recordar que el miércoles 8 de julio la titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, Rosalía Zózzoli, decidió liberar a los cuatro policías imputados por participar de un allanamiento violento e ilegal con vejaciones en la madrugada del 31 de mayo en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana, el cual tuvo como víctimas a cuatro jóvenes de la etnia Qom. La medida generó una ola de repudios generalizada, sobre todo porque estuvo acompañada del cambio de carátula a una más benigna para los imputados cuyas agresiones fueron filmadas y viralizadas generando repudios generalizados, incluyendo el del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Este viernes generaron preocupación y rechazo las declaraciones a una emisora local del jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, quién aseguró que a partir del próximo lunes el oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti; el sargento, Cristian Omar Benítez; el cabo, Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera, todos pertenecientes a la Comisaría Tercera de Fontana, retornarían al servicio activo aunque cumpliendo otras funciones.
Ahora, el gobierno del Chaco decidió no avalar que los cuatro agentes bajo investigación penal y administrativa se reincorporan a sus funciones teniendo en cuenta que se transmitiría un mensaje de impunidad para las víctimas y el resto de la sociedad que se conmovió por la brutal agresión de la que fueron protagonistas, más allá de los vaivenes que se produzcan en el trámite de la causa judicial.
Fuente chacodiapordia