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Nacionales El Gobierno denunció a Pablo Nocetti por operativo que derivó en desaparición de Santiago Maldonado
03/08/2020
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La denuncia contra el exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes", quedó a cargo del juez Casanello.
El Ministerio de Seguridad denunció hoy al exjefe de Gabinete de esa cartera en el macrismo, Pablo Nocetti, al exdirector de Gendarmería Nacional Gerardo Otero y al exsubdirector de la fuerza Ernesto Robino por supuestos delitos cometidos durante el operativo de despeje de la ruta nacional 40, en la provincia de Chubut, en el que desapareció Santiago Maldonado.
La denuncia por lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 cuando Gendarmería reprimió el corte de ruta por parte de una comunidad mapuche quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rivolo, quien ahora deberá decidir si impulsa la investigación, informaron fuentes judiciales.
Según el texto al que accedió Télam, Nocetti, Otero y Robino fueron denunciados por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes".
En la denuncia a la que accedió Télam se aludió a lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta: "Frente a ello, personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje".
"Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público", sostuvo la denuncia sobre Nocetti.
Para el denunciante hubo una "indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa" impedía "involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado".
"Resulta evidente que el mencionado funcionario no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza", agregó la denuncia.
El operativo desplegado ese día por Gendarmería habría obedecido "a una decisión motivada por la voluntad política habiéndole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquél entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar".
Esta conducta habría excedido "el imperium de la autoridad política invadiendo el accionar de la Justicia, interviniendo y direccionando la actuación de la Gendarmería cuando ésta debía desempenarse como órgano auxiliar de la justicia".
En la denuncia se sostuvo además que esta "voluntad política" fue "plasmada y dada a conocer sin disimulos, en el afán de justificar la actuación de las fuerzas de seguridad en delitos de flagrancia" que contrariaban "los documentos vigentes a la fecha de los sucesos para manifestaciones públicas".
La denuncia fue consecuencia de una investigación que ordenó la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para "dirimir la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto de las decisiones y el accionar llevados a cabo por los jefes a cargo de los operativos de despeje" del 1 de agosto de 2017, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Maldonado.
Según estas actuaciones se determinó que hubo orden judicial de "intimar" a quienes estaban sobre la Ruta Nacional 40 para que cesaran de "impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular" y debía hacérseles saber que "siempre y cuando no incurran en actos de violencia, podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad".
Fuente Télam
La denuncia por lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 cuando Gendarmería reprimió el corte de ruta por parte de una comunidad mapuche quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rivolo, quien ahora deberá decidir si impulsa la investigación, informaron fuentes judiciales.
Según el texto al que accedió Télam, Nocetti, Otero y Robino fueron denunciados por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes".
En la denuncia a la que accedió Télam se aludió a lo ocurrido el 1 de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta: "Frente a ello, personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje".
"Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación a los deberes de funcionario público", sostuvo la denuncia sobre Nocetti.
Para el denunciante hubo una "indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa" impedía "involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado".
"Resulta evidente que el mencionado funcionario no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza", agregó la denuncia.
El operativo desplegado ese día por Gendarmería habría obedecido "a una decisión motivada por la voluntad política habiéndole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquél entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar".
Esta conducta habría excedido "el imperium de la autoridad política invadiendo el accionar de la Justicia, interviniendo y direccionando la actuación de la Gendarmería cuando ésta debía desempenarse como órgano auxiliar de la justicia".
En la denuncia se sostuvo además que esta "voluntad política" fue "plasmada y dada a conocer sin disimulos, en el afán de justificar la actuación de las fuerzas de seguridad en delitos de flagrancia" que contrariaban "los documentos vigentes a la fecha de los sucesos para manifestaciones públicas".
La denuncia fue consecuencia de una investigación que ordenó la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para "dirimir la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto de las decisiones y el accionar llevados a cabo por los jefes a cargo de los operativos de despeje" del 1 de agosto de 2017, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Maldonado.
Según estas actuaciones se determinó que hubo orden judicial de "intimar" a quienes estaban sobre la Ruta Nacional 40 para que cesaran de "impedir, obstruir u obstaculizar la circulación del tránsito vehicular" y debía hacérseles saber que "siempre y cuando no incurran en actos de violencia, podrían manifestarse fuera de la calzada bajo la supervisión a prudente distancia de las fuerzas de seguridad".
Fuente Télam
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