La terrible historia de abuso infantil en el ámbito rural que a continuación detallamos, nos interpeló como trabajadoras del Estado, como mujeres y como personas. La cuestión toma visibilidad pública por una falsa denuncia de parte del ingeniero agrónomo J.A.V. (54 años) hacia el tío (un niño de 11 años) de una de sus víctimas de 7 años, esperando quizás que esto encubriera los sistemáticos acosos y abusos a menores de edad a lo largo de su ejercicio profesional en la zona.

A partir de entonces y ante la injusticia cometida hacia este niño, quien fue separado de su hogar “por precaución”, comienza un sin fin de amarguras para las víctimas y sus familias.

La familia de la niña de 7 años decide realizar la denuncia policial contra J.A.V., identificado por la menor como el autor del abuso hacia ella, revelándose luego la falsedad de la denuncia de J.A.V., como resultado de un proceso de investigación de las autoridades competentes en el caso.

Según consta en las denuncias realizadas en la Comisaría de Capitán Solari con fecha 26 y 27 de septiembre y en Colonia Elisa el 28 de septiembre del corriente año, más otras que suman al expediente judicial con testimonios que contribuirán al proceso de investigación; el Ingeniero Agrónomo J.A.V. se encontraba a cargo de la Oficina de Desarrollo Rural del INTA con sede en la localidad de Capitán Solari (territorio de influencia que comprende  las localidades de Colonia Elisa, Colonia Unidas, La Escondida y zonas aledañas) proveyendo insumos y recursos a numerosas familias campesinas (entrega de semillas, formulación de proyectos, facilitar la participación en proyectos productivos, etc.).

Desde el posicionamiento laboral y social que detenta a través de su cargo, el denunciado se relacionaba con diferentes familias urbanas y particularmente rurales, así como también con distintas instituciones; generando vínculos de confianza y poder con dichas familias. Esto posibilitó el acercamiento y facilitó el acceso, la manipulación y abuso de niñas y adolescentes. 

Ante la denuncia realizada por una de las víctimas, el primer obstáculo lo encuentra con el personal de la Comisaría de Capitán Solari; relatando que quienes estaban de turno no accedieron a tomar la denuncia aduciendo que era “la palabra de ella contra la de él, sin pruebas”. En este punto, es importante y necesario problematizar un modo de proceder típico en relación al acceso a la justicia por parte de las víctimas (desde la realización de la denuncia policial y durante todo el circuito judicial que tienen que transitar). En su proceso genuino de pedido de justicia, la víctima no encuentra contención, no se cumplen los protocolos, normativas y declaraciones sobre violencias de géneros, ni las particularmente incluidas en la Ley 26.061 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Desde la Municipalidad de Colonia Elisa, el Área de la Mujer, Género y Diversidad recepciona el caso y se presenta el reclamo ante el INTA, mediante nota oficial con fecha 29 de septiembre, expresando el pedido del “cese de funciones públicas y desvinculación del cargo ya que el acusado, a pesar de las denuncias sigue en libertad, ingresando a los hogares de las familias campesinas poniendo en riesgo a toda la comunidad”. En esta misma nota también se solicitó el reemplazo del denunciado en la Mesa Territorial Interinstitucional ProTAAL (Programa de Promoción de Trabajo, el Arraigo y el Abastecimiento Local del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). La respuesta recibida desde el Instituto Nacional expresaba que "se procedió a instruir un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades” y evaluar otras medidas “como el traslado del agente y demás acciones que pudieran corresponder”(nota suscripta por Susana Mirassou Presidenta del INTA el 30 de septiembre). 

Durante los días posteriores a la denuncia, se realizaron manifestaciones públicas con adhesiones de organizaciones feministas, sindicales, políticas partidarias, defensoras de derechos humanos, niñeces y mujeres de toda la provincia, también se visibilizó  la situación en medios de comunicación a nivel provincial.

Por el contrario, el escarnio y señalamiento no se hacen esperar. Durante los días posteriores, aparecen algunas descalificaciones hacia las víctimas y hacia quienes las acompañan en su búsqueda de justicia. Estas actitudes generan dudas y miedos en las familias campesinas de la zona que se atrevieron a hablar, y en aquellas personas que se solidarizan con las víctimas.

Después de luchar para darle la relevancia que este caso merece y visibilizar los mecanismos estatales que no se activaban con la celeridad correspondiente, se logra la intervención interinstitucional. El día viernes 10 de octubre la Secretaría de Derechos Humanos y Género inicia el acompañamiento, constituyéndose como querellante el lunes 19 del mismo mes. El Ministerio de Desarrollo Social, desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se comprometió a continuar con la intervención desde la Unidad de Protección Integral. 

Como mujeres estatales sentimos el deber de unirnos ante estas situaciones de injusticia social y tenemos la sensibilidad que nos empuja en la búsqueda por encontrar mecanismos, herramientas y caminos posibles para el abordaje respetuoso de las problemáticas que se manifiestan en el territorio, fundamentalmente de las que son víctimas mujeres, niñxs y adolescentes del ámbito rural.

 Manifestación RED: 

El caso de presunción de abusos de menores por parte de un trabajador del INTA en la localidad de Capitán Solari, Colonia Elisa, Colonias Unidas y zonas aledañas, en la provincia de Chaco nos convocó a un espacio de reflexión, problematización y desnaturalización de todo acto abusivo hacia mujeres y especialmente hacia niñxs y adolescentes. Creímos  necesario visibilizar los hechos y aportar al esclarecimiento del caso. Como mujeres trabajadoras de los distintos niveles del Estado en el ámbito rural, constituimos una red para promover que las infancias-adolescencias no sean vulneradas en sus derechos y protegidas en su integridad.

El sistema patriarcal que nos oprime de diversas maneras con incontables barreras que se nos presentan en la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como privado, nos empuja a resistir, cuestionar, reaprender y transformarnos para transformar. Los mandatos construidos socialmente buscan controlarnos y atemorizarnos, para de esta manera perpetuar los privilegios que asegura el machismo como creencia. Como mujeres conscientes de estos dispositivos que nos atraviesan, y como trabajadoras comprometidas nos encontramos en este espacio tejido como red de fuegos para acompañarnos en la lucha contra las injusticias de nuestros territorios.

Entendemos que la territorialidad en nuestras intervenciones está dada en función del intercambio productivo y económico, mientras se desencadenan vínculos afectivos y de relacionamiento respetuoso con lxs habitantes en torno a la cercanía entre pobladores e instituciones. Estas características implican modos de hacer, vínculos, relaciones humanas y de intercambio económico-socio-cultural. En esta trama, es preponderante el rol que cumplimos quienes trabajamos en el Estado, sobre todo, en el ámbito rural, dado que muchas veces somos la única “presencia” estatal, teniendo que desplegar un abanico de recursos para las múltiples problemáticas que se suscitan y la urgencia que demandan. Establecer un vínculo de cercanía y solidaridad en el trabajo con las personas que interactuamos cotidianamente, familias campesinas, indígenas y de la agricultura familiar posibilita ir desarrollando estrategias técnico-políticas para pensar acciones y proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida, no sólo en el aspecto productivo, sino también en el acceso a la salud, la educación, la recreación y la cultura.

Estas relaciones construidas a partir del hacer con otrxs, entrañan una responsabilidad que no puede ser obviada, y mucho menos puede utilizarse para uso personal de ningún tipo violando todo principio ético laboral, vulnerando derechos y abusando la integridad de las personas.

Es necesario retomar el rol y función de trabajadorxs estatales e instituciones públicas rurales que de manera activa aportamos al desarrollo rural integral, para que las políticas públicas se lleven adelante gestionando recursos, efectivizando el desarrollo productivo y garantizando los derechos de todas las familias y personas con las cuales trabajamos.

Expresamos la urgencia de visibilizar estos hechos y que la justicia actúe correctamente en la garantía de derechos.

Propuestas:

-Junto al reclamo de justicia, exigimos activar los mecanismos para que estos hechos no vuelvan a suceder, ni en el campo, ni en la ciudad.

-Que se cumplan y efectivicen las leyes 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 26.485 de Protección integral a las mujeres; 

-Formación obligatoria y permanente en género a trabajadorxs y funcionarixs que integran los tres poderes del Estado como lo indica la Ley Nacional Micaela 27.499; 

- Capacitación en prevención y atención de la violencia de género para todo el sector público como lo establece la Ley Provincial 2.997 Natalia Samaniego. 

-  Evaluaciones participativas anuales con quienes se trabaja en los territorios: abiertas, plurales y multiactorales.

-Que las organizaciones del sector rural y demás organizaciones de la sociedad civil sean alcanzadas en la obligatoriedad establecida en las leyes anteriormente mencionadas.