Bavio fundamentó su decisión basándose concretamente en la jurisprudencia del caso “Thomas” del 2010 en la que la Corte Suprema revocó una cautelar dictada por la Justicia Federal de Mendoza. El diputado Enrique Thomas había presentado el recurso para suspender en todo el territorio nacional y en su totalidad a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El pedido de los antiderechos

En la denuncia, Fiore Viñuales y otros opositores a la IVE, argumentan que la ley 27.610 es inconstitucional porque “el ‘ser humano’ existe desde el momento mismo de la concepción” y que “nuestra Constitución Nacional lo considera ‘niño’ al ser humano a partir del momento de la concepción”. En base a eso, consideran que “el niño no nacido tiene derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado”.

Además, señalan que debe declararse inconstitucional el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) presentado por el Ministerio de Salud y que reglamenta el acceso al aborto con causales que ya estaban contempladas por el Código Penal y que ratificó en 2012 la CSJN en el fallo FAL.

Los denunciantes presentaron también otras cautelares para que, en caso de que una persona gestante se presente en un centro de salud para interrumpir su embarazo, se le deba decir que “interrumpirá una vida” y obligarla a saber el grado de desarrollo antátomo-fisiológico del feto, incluyendo una ecografía y hacerle escuchar los latidos del corazón. También pidieron que se les diga a las personas cómo es la práctica, qué “efectos traumáticos” podría tener e indicarle dónde puede recibir asistencia para seguir con el embarazo.

Todavía resta saber si Fiore Viñuales y el resto de los denunciantes apelarán la decisión de Bavio. La demanda antiderechos está patrocinada, entre otros, por el exintegrante de la CSJN, Rodolfo Barra, quien también fue invitado al Congreso para exponer en contra de la legalización del aborto

Quienes iniciaron la demanda para suspender la ley de IVE habían pedido que se inscribiera como un proceso colectivo para absorber otras posibles presentaciones judiciales que surgieran en el juzgado salteño.