Desde el lunes 29 de mayo a las 8 de la mañana se llevará a cabo el juicio por jurados en la causa 3.215/19 que tiene como juez técnico al camarista Ernesto Azcona.
Luego de 21 audiencias preparatorias, el juicio comenzará con la jornada inicial que se extenderá hasta las 16 y está previsto que durante ella se realicen: voir dire, instrucciones iniciales, alegatos de apertura y las primeras declaraciones de los 36 testigos propuestos. En principio las audiencias continuarán hasta el viernes 2 de junio y el tribunal informará el horario de inicio y fin.
Se trata de un juicio de responsabilidad en el que interviene un jurado popular conformado por seis varones y seis mujeres. Las partes estarán representadas por: Graciela Griffith Barreto (fiscal de Cámara), Hugo Fernández Liras (Querellante particular), Roberto Sotelo (querella en representación del Comité para la Prevención de la Tortura ) y las defensas de los imputados: Olga Mongelós, Leandro García Redondo, Sebastián Quintana y Leandro Fioravanti.
El veredicto declarará al acusado “no culpable”, o “culpable”, sin ningún tipo de aclaración o aditamento, salvo el veredicto de culpabilidad, que deberá indicar el delito o grado del mismo por el cual deberá responder el acusado. Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con otros delitos de menor entidad punitiva necesariamente incluidos en el delito mayor, el veredicto rendido especificará el grado o el delito menor por el cual se hubiere encontrado culpable al acusado. El jurado admitirá una sola de las propuestas de veredicto por el voto unánime de sus doce integrantes.
EL CASO
Ponce de León fue arrestado el 31 de enero de 2019 en Barranqueras en el marco de un confuso episodio. Tras pasar fugazmente por Medicina Legal, fue trasladado en un patrullero hasta el hospital Perrando donde llegó muy golpeado . Allí los médicos le diagnosticaron una severa falla renal.
Murió unos días después, el 10 de febrero, a los 35 años. Por este hecho, tres policías comenzarán a ser juzgados a partir del lunes 29 de mayo: dos de ellos por el delito de torturas seguida de muerte y un tercero por omisión de denunciar el hecho, indicaron fuentes vinculadas con el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.