La medida firmada por Pirovano deja sin efecto las Resoluciones N° 1238-E/2022 y N° 1566-E/2022 y anuncia que “la estructura de todo Organismo debe entenderse en un sentido dinámico” –un concepto bastante ambiguo– y que, por ello “resulta necesario modificar la estructura organizativa”, lo cual implica “la supresión de Unidades Operativas de primero, segundo, tercero y cuarto nivel operativo, y con ello de las Funciones Ejecutivas y de Jefatura correspondientes a los cargos oportunamente creados, una readecuación general de acciones y una posterior revisión de la dotación del personal afectado al Instituto”, además de “una reducción de las erogaciones presupuestarias”.

Este sábado, lxs trabajadorxs nucleados en ATE emitieron un comunicado donde advierten que la gestión Pirovano "dio un paso más en la consolidación de un modelo que pretende destruir los cimientos de nuestra cinematografía” y señalan que esta medida no sólo “destruye el fomento a la producción cinematográfica a favor de la expansión de la industria trasnacional” sino que además “tira por la borda gran parte de los lineamientos que el propio Pirovano prometió a las asociaciones del sector”.

Basta hacer un repaso por las medidas implementadas en los últimos meses: el 20 de marzo se disolvieron 15 unidades operativas y el 10 de abril se decretó la suspensión de presentación de proyectos en ventanilla continua por 90 días hábiles. Ahora, con la reestructuración se eliminarían 4 gerencias, 6 subgerencias, 11 coordinaciones y 9 departamentos. La gerencia de Fomento desaparece y es reemplazada por una subgerencia de “Promoción” con dos objetivos claros según la Junta Interna de ATE: concursos y créditos bancarizados a los que muy pocos podrán acceder. La medida pone en peligro la producción cinematográfica independiente, la creación de documentales y aquellas realizaciones que están por fuera de las lógicas del mercado.

Otra gerencia afectada es la de Fiscalización, que se ocupa de controlar el funcionamiento de la distribución y exhibición, garantiza la cuota de pantalla, recauda impuestos y en los últimos años trabajaba en la posibilidad de gravar a las plataformas. Esta resolución la reduce a departamento y acota sus funciones a la actualización del registro público de la actividad cinematográfica (RPACA). Por otra parte, dejan inoperantes a Cine.Ar TV, Cine.Ar Play, el Cine Gaumont, los Espacios INCAA, Ventana Sur, el Festival de MDQ y otros programas de exhibición. Desde ATE señalan que el gobierno necesita “cerrar todos los canales de producción independiente de conocimiento, ciencia y cultura” porque el cine nacional tiene “una estructura de fomento que el poder político y las grandes productoras no controlan directamente”.

Lxs trabajadorxs informan que vienen soportando “la más despiadada violencia laboral desde que asumió este gobierno”, con ataques, amenazas de cierre, despidos y pases a disponibilidad que generan “incertidumbre, ansiedad y bronca”. Ya se despidió a un tercio del personal y el viernes 254 trabajadorxs (Fomento, Unidad Operativa de Gestión, CAEC, Fiscalización, Exhibición y Audiencias) recibieron notificaciones donde se les comunicaba que quedaban dispensados de su trabajo -con cobro de sueldo- hasta "nuevo aviso" y que pasarían a un proceso de reasignación de funciones. A quienes trabajan en el Gaumont, por ejemplo, se les pidió que no fueran, aún cuando la sala tiene un compromiso de exhibición con el BAFICI. "El ataque a la cultura en general, y al cine nacional en particular, es enteramente político", expresaron.

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