La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba exultante después de la represión del miércoles pasado contra quienes se manifestaron contra la ley Bases que estaba siendo debatida en el Senado. Pero se avecinan malas noticias para la funcionaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió convocar a una audiencia para analizar la situación de la protesta social y la libertad de expresión en la Argentina y el martes diputados de Unión por la Patria (UxP) –que fueron gaseados por la Prefectura Naval– presentarán una denuncia penal e informarán del ataque que fueron víctimas a organismos internacionales.

No hizo falta que viera las imágenes del operativo descomunal de la semana pasada ni escuchara a la ministra decir que quienes salieron a las calles para protestar eran parte de un golpe de Estado moderno o que ejercían actos de terrorismo. La CIDH ya había decidido que abordará el tema en una audiencia que se hará en formato virtual el próximo 11 de julio.

La CIDH acogió favorablemente un pedido que habían presentado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la CONADU –que agrupa a docentes universitarios– junto con otras organizaciones de derechos humanos y gremiales. La solicitud se envió a Washington el 15 de abril pasado. En su presentación, el CELS y el resto de las entidades señalaban que existe una grave situación de obstaculización, amenazas, ataques y criminalización de la protesta social y la libertad de expresión.

La protagonista de esa avanzada represiva es Bullrich, pero cuenta con el beneplácito del resto del gobierno como se vio días atrás. Después de la represión del miércoles –que terminó con 33 personas detenidas–, la Oficina del Presidente difundió su felicitación a las fuerzas de seguridad federales a cargo de Bullrich mientras calificaba de terroristas a los manifestantes. A pesar de sus rivalidades por el manejo del aparato securitario, la vicepresidenta Victoria Villarruel se plegó a la estrategia y actúa como querellante en la causa que tramita en el juzgado de María Servini.

Bullrich decidió salir a bloquear la calle en la primera semana del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). El 14 de diciembre anunció en conferencia de prensa que había firmado el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. El protocolo se dictó tan solo dos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su plan económico --que, según quedaba claro incluso para el propio gobierno, no cerraba sin represión. A partir de esta disposición de Seguridad, advirtieron desde el CELS, “la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito”.

El protocolo Bullrich derogó la resolución 210/11 que había firmado Nilda Garré en la que se establecía que el Estado aseguraba la protección de los manifestantes y de los trabajadores de prensa, que las fuerzas no podían usar armas de fuego y que los químicos irritantes –como los gases– solo podrían ser utilizados como último recurso. La resolución de Bullrich, además, estigmatiza a los migrantes, pretende evitar que haya niñas o niños en movilizaciones –incluso si están acompañados por sus padres o madres– y obliga a los manifestantes a resarcir al Estado por los gastos de los operativos. El viernes, de hecho, la ministra le hizo saber al fiscal Carlos Stornelli que el despliegue y la parafernalia del miércoles le había costado más de 130 millones de pesos.

El protocolo se puso en marcha, por primera vez, en las manifestaciones del 20 de diciembre del año pasado. En esa oportunidad, el gobierno, además, montó un operativo para conseguir denuncias contra los movimientos sociales. Catorce de ellos pasaron a engrosar un registro –creado por el protocolo– que reúne información sobre organizaciones que suelen cortar rutas o calles. Ese operativo dio pie a una denuncia penal que está en pleno trámite en los tribunales de Comodoro Py.

En la presentación ante la CIDH, se hizo especial énfasis en la represión que se perpetró entre fines de enero y los primeros días de febrero cuando el Congreso debatía la primera versión de la ley Bases. En esa oportunidad, las fuerzas fueron especialmente violentas contra los trabajadores de prensa. El abogado Matías Aufieri, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y asesor de los diputados del FIT-U, recibió un disparo de bala de goma que le hizo perder la visión en su ojo izquierdo. Cuando le dispararon, Aufieri estaba reuniendo información sobre los heridos. 

Por el momento, el CELS y el resto de las organizaciones trabajan en el listado de quiénes serán las personas que expondrán para contar el modus operandi del gobierno de Milei en las protestas. La semana que pasó quedó en claro que la administración “libertaria” no solo pretende reprimir en las calles sino también criminalizar al actuar en tándem con el sistema de justicia. Stornelli –en sintonía con Bullrich– acusó a los detenidos de haber atentado contra el orden constitucional y pidió la prisión preventiva de los 33. Por el momento, 17 fueron liberados. Servini espera recibir nueva información el martes para volver a evaluar la situación de las 16 personas restantes --a quienes, en la mayoría de los casos, acusan de haber arrojado piedras o haber tenido una actitud "beligerante" contra los uniformados.

Sin inmunidad

La Prefectura arrojando gas en los rostros de diputados opositores se convirtió en una de las postales de la represión del miércoles. A Carlos Castagneto se lo vio desvanecido mientras lo llevaban en andas. A Radio 10 le explicó que sintió que se le prendía fuego la cabeza y que se moría. Debió ser tratado en el Instituto del Quemado.

Al día siguiente, Bullrich se regodeó con lo que habían hecho los prefectos a su cargo. “Los diputados creen que tienen poder de decisión sobre las fuerzas de seguridad, se paran delante y les dicen ‘soy diputado, papá’. ¿A mí que me importa que sea diputado?”, se despachó la ministra.

Para Bullrich, los diputados de UxP fueron parte de la “sedición”. Esa era la figura penal que el Ministerio de Seguridad pretendía impulsar cuando tenía pensado presentarse como querellante en la causa. En cuestión de minutos, Bullrich y su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, cambiaron de idea. Declinaron la presentación y prefirieron garantizar el rol de las fuerzas de seguridad como auxiliar de los tribunales. Es decir, son las mismas fuerzas –que reprimieron el miércoles– las que le hacen llegar las pruebas a Servini contra los detenidos.

“Esos diputados ayudaron a que la violencia fuese justificada”, insistió Bullrich. “Para nosotros, en ese momento, los diputados actuaron como delincuentes”.

El diputado Leopoldo Moreau anunció que el martes radicarían una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Lo harán con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa, según pudo saber Página/12.

Todo indica que entre los denunciantes estarán los diputados que tuvieron que ser atendidos por los gases, como Castagneto, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdés, Juan Manuel Pedrini, Luis Basterra y Lorena Pokoik. En el bloque hay una convicción: la Prefectura avanzó porque hubo una decisión política de Bullrich, que califica a legisladores opositores de delincuentes. Ni los diputados ni dos mujeres que pasaban por la zona estaban protagonizando hechos de violencia cuando los prefectos les descargaron los químicos directamente en sus rostros.

Página 12