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Judiciales ¿Gobierno ocupa?: Taco Pozo reclama que pague alquiler por ocupar un predio municipal
15/04/2025
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El intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, debió impulsar una acción de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia porque las oficinas del Registro Civil y la Dirección de Trabajo Provincial funcionan en el SUM y el gobierno de Leandro Zdero se niega a abonarle al Municipio un canon por su utilización. El procurador Canteros ya dictaminó que se debe rechazar el amparo. Ahora, definirá el Superior Tribunal de Justicia. ¿Le volverá a dar la razón al Poder Ejecutivo?
En Taco Pozo sucede algo insólito. El intendente Carlos Ibáñez debió a recurrir a la justicia provincial porque el gobierno provincial se niega a pagar alquiler por el uso del Salón de Usos Múltiples del Municipio local en donde funcionan las delegaciones de la Dirección Provincial de Trabajo y el Registro Civil.
Agotadas todas las instancias de diálogo y ante la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales el jefe comunal decidió llevar el caso a la justicia provincial, directamente ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Pero ya se encontró con la primera barrera: un dictamen del procurador general Jorge Canteros que lo manda a tramitar su reclamo en otro ámbito y no en el judicial.
El caso
En agosto de 2023, la Municipalidad de Taco Pozo dio en préstamo provisorio oficinas a distintas dependencias del Estado Provincial, estas oficinas (espacio físico) habían sido recientemente inauguradas por el Municipio, ya que, en su conjunto, formaban lo que se llamó a partir de ese momento el “SUM MUNICIPAL”. Todo ello quedaba sujeto a la suscripción de un contrato de alquiler, para que dichos ingresos (fondos dinerarios) puedan ser destinados a otras actividades que el gobierno Municipal tenía prevista para la comunidad.
Es así que allí comenzaron a funcionar las oficinas de InSSSeP, ATP, Instituto de Colonización, la Dirección de Bosques, la Dirección Provincial de Trabajo y el Registro Civil, estas dos últimas dependientes del Ministerio de Gobierno, Trabajo, Justicia y DDHH.
En mayo de 2024, el Municipio notificó a las diferentes dependencias la idea de suscribir un contrato por el uso y goce de las instalaciones municipales. Ninguno de los organismos contestó. Un mes después se envió otra nota requiriendo que se informe la fecha en que abandonarían las instalaciones. Tras varios pedidos posteriores, todas las reparticiones provinciales abandonaron los inmuebles a excepción de las dos dependientes del ministro de Gobierno, Jorge Gómez: Registro Civil y Dirección de Trabajo, lo que genera un “enorme problema al Municipio, sin contar los gastos que demanda su permanencia en la actualidad”. Literalmente: son ocupas. O, en la jerga penal que más le gusta a este gobierno provincial: “usurpadores”.
En ese contexto, el Municipio de Taco Pozo explicó que actualmente existe un programa de esparcimiento y acompañamiento asistencial que el Municipio diagramó para brindar a los vecinos del pueblo, esto hace que exista una demanda imperiosa de disponer de las “dos” oficinas que se encuentran ocupadas hasta el momento. En dicho espacio, debe empezar a funcionar el “Centro Social Cultural Taco Pozo-Social Deportivo Cultural”. Prueba de ello es la ordenanza del Concejo Municipal de fecha 23 de diciembre del 2024 donde queda plasmada en forma específica el destino que el Municipio quiere darle a las instalaciones del SUM.
Así las cosas, el jefe de los fiscales de la provincia del Chaco, Jorge Canteros, consideró que “la accionante cuenta con los procesos ordinarios a los que corresponde recurrir”. En síntesis, lo mandó a atravesar todo un trámite burocrático ante una contraparte que decidió no ceder los predios que son de su propiedad y no pagar el canon que el Municipio le exige por considerarlo “exorbitante”.
Litigio- Periodismo Judicial
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