Los diputados justicialistas Nicolás Slimel y Mariela Quirós aseguran en su presentación ante la FIA que el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, recibió casi mil hectáreas fiscales mientras ejercía funciones públicas y que la presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Ana “Marilyn” Canata, firmó la Resolución. 
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco recibió una denuncia formal contra dos altos funcionarios designados por el gobernador Leandro Zdero: Omar Ángel Canela, actual administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), y Ana María Griselda Canata, presidenta del Instituto de Tierras Fiscales (ex Instituto de Colonización). Ambos son acusados por los diputados provinciales Nicolás Slimel y Mariela Quirós por supuestas graves irregularidades en la adjudicación de un inmueble fiscal rural de casi mil hectáreas al propio Canela, en presunta violación a las leyes provinciales.
El hecho central de la denuncia radica en la Resolución N° 1979, firmada el 17 de diciembre de 2024 por Canata, mediante la cual se “le adjudicó a Canela un terreno fiscal de 956 hectáreas ubicado en el Departamento Almirante Brown”, se asegura en el escrito presentado. “La adjudicación se realizó cuando Canela ya se desempeñaba como jefe de Vialidad, cargo que asumió por Decreto del gobernador Zdero el 11 de diciembre de 2023”, agregan los legisladores justicialistas.
Según la presentación, la operación se formalizó mediante la figura de una subrogación de derechos hereditarios, que permitió a Canela —quien no es heredero del adjudicatario original— recibir el dominio del terreno. 
La maniobra, sostienen los denunciantes, buscó eludir la prohibición expresa de la Ley 471-P, que impide que funcionarios públicos en ejercicio accedan, directa o indirectamente, a tierras fiscales.
Resolución “manifiestamente ilegal”
La denuncia sostiene que la resolución es “manifiestamente ilegal”, no sólo por violar el artículo 10 de dicha ley —que impone una prohibición absoluta a funcionarios, sus cónyuges y descendientes—, sino también por el uso de un mecanismo jurídico “anómalo” y sin respaldo normativo. 
“El caso configura un claro desvío de poder”, se agrega en el escrito, aludiendo a un presunto uso de la estructura estatal para beneficiar a un funcionario en perjuicio del interés público.
Además de cuestionar la legalidad del acto administrativo, se señala que el procedimiento utilizado —invocando subrogación de derechos y cesión de herencia— no se ajusta a los supuestos habilitados por la ley. 
En ese sentido, los denunciantes remarcan que Canela no cumple con los requisitos legales para ser beneficiario: ni por su función pública ni por condición socioeconómica, residencia o dedicación a la actividad agropecuaria.
También se imputa responsabilidad a Ana Canata, quien como máxima autoridad del Instituto de Tierras Fiscales tenía la obligación legal de controlar la legalidad del trámite. La denuncia plantea la posibilidad de una actuación dolosa o al menos negligente, al autorizar una transferencia incompatible con el régimen legal.
“Estamos ante una forma directa de corrupción administrativa, aunque revestida de apariencia legal”, señala el texto. La presentación invoca la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública (1341-A), la Ley de Incompatibilidades (1128-A), y solicita que se requiera la declaración jurada patrimonial de Canela para analizar posibles inconsistencias o enriquecimiento patrimonial.
Finalmente, la denuncia alerta sobre posibles delitos penales, como “abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, malversación y estafa procesal”, por lo que solicitan que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas remita el caso al Ministerio Público Fiscal. 
En la denuncia, Slimel y Quirós también solicitan a la FIA que “ordene la revisión integral de las adjudicaciones de tierras fiscales dictadas bajo la gestión de Canata, a fin de detectar posibles patrones de conducta reiterados y prevenir la reiteración de hechos de similar naturaleza”. El caso representa un test para el discurso oficial de transparencia de la actual gestión provincial y podría tener repercusiones tanto administrativas como judiciales, concluyen los legisladores chaqueños.