En primera instancia, la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Macé, había declinado la competencia y remitido las actuaciones a la Justicia provincial, al considerar que se trataba de delitos de abuso sexual ya investigados en otra causa. Sin embargo, el Defensor Público de Víctimas, Gustavo Vargas, apeló la medida, logrando el acompañamiento del Fiscal General en Cámara.
Los fundamentos de la Cámara
Al resolver, la jueza Alcala señaló que la decisión de primera instancia fue “prematura” y que existen múltiples indicadores de un posible delito de trata:
captación y control intrafamiliar,
traslados a domicilios y hoteles,
presunta connivencia de personal de seguridad,
coacción mediante sustancias y amenazas,
producción de material audiovisual con fines de comercialización.
Además, subrayó la importancia de analizar el caso con perspectiva de género y de niñez, y cuestionó que se haya descartado la realización de una Cámara Gesell, instancia a la que la propia víctima había accedido.
El fallo también resalta los manuscritos de la menor, en los que describe amenazas con armas por parte de sus padres en caso de negarse a asistir a los encuentros.
Lo que viene
En consecuencia, la Cámara Federal hizo lugar al recurso de apelación, revocó la resolución anterior y declaró la competencia federal para continuar con la investigación. Las actuaciones serán devueltas al juzgado de origen, que deberá avanzar con la pesquisa tomando recaudos para evitar la duplicidad con la causa que tramita en la Justicia provincial.
Fuente: Litigio
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