Según Jachesky, quien tomó conocimiento a través de la Defensora General Adjunta de la Provincia de Chaco, en Quitilipi se han efectuado operativos policiales conocidos como "razzias". Estos procedimientos, afirma el Defensor Oficial, implican la interceptación, demora y detención de personas en la vía pública con el único propósito de identificarlas, intimidarlas y coartar su libre circulación.

El defensor sostuvo que "estas acciones se han dirigido específicamente hacia grupos de personas jóvenes en situación de vulnerabilidad económica y social, e incluso sugiere la presencia de individuos pertenecientes a pueblos originarios de la provincia entre los detenidos".

En su escrito, Jachesky expresa que, "de confirmarse estos hechos, constituirían una grave violación de los derechos civiles, trascendiendo el alcance del poder policial preventivo. Por ende, ha presentado de manera inmediata una acción legal para detener tales actos arbitrarios por parte de la autoridad policial".

Como evidencia de estas afirmaciones, adjuntaron una publicación que documenta las detenciones, la cual fue presentada a la Defensora General Adjunta como parte del caso.

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