Fuentes judiciales informaron a Infobae que Ayala será juzgada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia con la acusación del fiscal federal Federico Carniel. Está previsto que declaren cerca de 30 testigos y que a fin de mes se conozca el veredicto.
La política no será ajena al proceso. Entre los testigos que fueron aceptados para que declaren están el ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien era ministro del Interior de la Nación cuando ocurrieron los hechos y que tenía bajo su órbita la Secretaría que ocupaba Ayala. Frigerio tendrá la opción de declarar por escrito porque así se lo permite la ley por su cargo de gobernador.
Con Macri como presidente, la ex intendente pasó al Gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Y en 2017 fue electa diputada nacional. El actual gobernador de la provincia, Leandro Zdero, fue funcionario de sus gobiernos municipales.
El caso
La causa cuyo juicio comenzará en esta jornada es por la firma de un convenio con el Municipio de Quitilipi, también en la provincia de Chaco, para la compra de herramientas y máquinas en el que se pagaron sobreprecios.
Ayala, como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el acuerdo intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios. Esto fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo el fiscal federal Patricio Sabadini, cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral. Balmaceda además es el yerno de Ayala.
“Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”, declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de “Service Hogar”, una empresa que no tenía local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.
“Se presentan una serie de circunstancias relevantes al efecto de sostener prudentemente que la ayuda económica brindada por la Secretaria de Asuntos Municipales podría obedecer a una maniobra defraudatoria, principalmente al confrontar todos estos elementos frente a un expediente administrativo que registra ciertas señales de alerta y, sobre todo, que ha homologado una rendición de cuentas obviando verificar si se han respetado en el ámbito local la normativa específica para contratar”, sostuvo la resolución en la que Ayala fue procesada.
La ex intendente será juzgada por el delito de defraudación contra la administración pública junto con Casalboni, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa.
Infobae