En febrero de este año, cinco días después de que estallara el escándalo que involucra a empresarios argentinos y extranjeros, y salpica a la cúpula del poder -recientemente, una medida judicial requirió información bancaria del presidente y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia-, el Gobierno dispuso la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) "con el objeto de recabar los elementos relacionados con el criptoactivo “$LIBRA”, con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal".

Dicha unidad tenía la facultad para "requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, y solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, de Estados extranjeros y/u organismos internacionales". A su vez, aquel Decreto que formalizó su creación la conminaba a remitir toda la información, datos y documentación recabados ante el órgano del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal competente.

En el texto que dispuso su disolución, el Ministerio de Justicia afirmó que "la tarea encomendada -a la UTI- fue cumplimentada, por lo que corresponde disolver la Unidad".

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