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Chaco Persecución en Chaco: el Gobierno aprieta a un cura y castiga a los wichis dejándolos sin Escuela
05/01/2026
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Mientras Zdero habla de “papeles”, la Justicia recordó que cerrar la fundación es abandonar a niños indígenas al hambre y a la intemperie.
El Gobierno del Chaco eligió un enemigo cómodo: un sacerdote que trabaja donde el Estado nunca llegó y una comunidad indígena que no tiene lobby, ni micrófonos, ni padrinos políticos. Bajo el discurso de las “irregularidades administrativas”, el Ejecutivo de Leandro Zdero avanzó contra la fundación Valdocco con una decisión brutal: retener fondos, asfixiar el proyecto y empujar al cierre, aun sabiendo que cientos de chicos wichi quedarían sin escuela, sin comida y sin techo.
No es una auditoría. Es una persecución.
Mientras desde los despachos oficiales se habla de “docentes truchos” y balances, en el territorio la realidad es otra. Valdocco no es una escuela boutique ni una ONG de escritorio: es un refugio de dignidad para pibes que vienen de parajes donde no hay agua potable, no hay médicos y no hay Estado.
“Acá los chicos estudian, se visten, comen todos los días y reciben contención. Eso debería hacerlo el Estado, pero no lo hace”, explicó el sacerdote a cargo del proyecto, cansado de responder acusaciones que jamás se traducen en soluciones concretas.
El cura que molesta y los wichis que sobran
Al Gobierno le incomoda Valdocco porque deja en evidencia el fracaso estatal. Un cura y una comunidad wichi haciendo, con migajas, lo que la Provincia no logra con presupuestos millonarios. Por eso el ataque no es casual: se recortan fondos, se judicializa la pobreza y se construye un relato para justificar el abandono.
Desde Educación se llegó al extremo de insinuar una estafa al Estado. “Es inadmisible pagar algo que no existe”, disparó la ministra Sofía Naidenoff. La frase resume una mirada peligrosa: para el poder, lo que no encaja en una planilla directamente “no existe”, aunque esté lleno de chicos de carne y hueso.
La Justicia les marcó la cancha
El juez Flores desarmó el discurso oficial con un fallo demoledor. No habló de papeles, habló de personas. Recordó que el Estado violó el Convenio 169 de la OIT, al no realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, y dejó una advertencia que quema: cerrar Valdocco sin alternativa es una regresión de derechos.
En su resolución definió a la institución como lo que realmente es: un dispositivo comunitario integral que garantiza educación, alojamiento, comida y atención sanitaria a chicos wichi que el sistema educativo tradicional expulsó hace años.
Y lanzó una pregunta que el Gobierno evita responder:
¿A dónde irán esos chicos? ¿Quién les va a dar de comer mañana?
Ajuste con nombre y apellido
Pese a todo, el Ejecutivo apeló el fallo y lo tildó de “arbitrario”. Prefiere sostener la narrativa de los “docentes fantasmas” antes que hacerse cargo de una verdad incómoda: el ajuste también se hace sobre los más pobres.
“Si el Estado no acompaña, los chicos vuelven a un lugar donde no hay agua, ni comida, ni oportunidades. Eso no es solo injusto: es ilegal y es inmoral”, advirtió el sacerdote.
El conflicto Valdocco ya no es técnico ni administrativo. Es político y ético. Y deja al desnudo una decisión que muchos prefieren no decir en voz alta: cuando hay que recortar, primero se recorta donde viven los wichis y donde molesta un cura que no se calla.
Litigio_Periodismo Judicial
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