El rechazo regional fue casi unánime. Gobiernos de distintos signos políticos coincidieron en señalar que la intervención constituye una violación flagrante del derecho internacional, desconoce acuerdos multilaterales vigentes y sienta un precedente peligroso de intervención armada en América Latina.
Sin embargo, hubo dos excepciones explícitas que rompieron el consenso: el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario argentino, Javier Milei, quienes celebraron el despliegue militar estadounidense en Caracas, alineándose sin matices con Washington.
La conmoción no se limitó a Venezuela. Colombia amaneció en estado de alerta, con reportes oficiales de “actividad aérea inusual” y detonaciones perceptibles desde zonas cercanas a la frontera. Horas después, el presidente Gustavo Petro ordenó la movilización de tropas colombianas hacia el límite con Venezuela y calificó la acción de Estados Unidos como una “agresión directa a la soberanía latinoamericana”.
Petro advirtió además que el operativo puede derivar en una crisis humanitaria de gran escala, con desplazamientos forzados, colapso institucional y un aumento de la violencia en toda la región andina.
El resto de los países latinoamericanos también se expresó, no sólo respecto de la detención de Maduro y Flores, sino —principalmente— sobre los métodos utilizados para concretarla. Cancillerías y presidencias alertaron que la normalización de operaciones militares extraterritoriales reinstala una lógica de intervención que América Latina creía superada.
Mientras Washington defiende la operación como un “acto de seguridad hemisférica”, el mapa político regional deja en evidencia una fractura profunda: de un lado, quienes exigen respeto al derecho internacional; del otro, un reducido grupo de gobiernos que avala una intervención armada sin respaldo legal, aun al costo de desestabilizar a todo el continente.
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