Entre los puntos más controvertidos, el decreto habilita a los agentes de inteligencia a disponer detenciones o aprehensiones en la vía pública, particularmente en casos de flagrancia o ante situaciones definidas de manera amplia como de “riesgo estratégico nacional”. Especialistas advierten que la norma diluye la frontera entre inteligencia y fuerzas de seguridad, un límite establecido precisamente para evitar abusos de poder.
La medida también establece que todas las operaciones de inteligencia tendrán carácter encubierto por defecto, consolidando un esquema de opacidad que, según constitucionalistas, dificulta el control judicial y parlamentario. A esto se suma una reconfiguración del esquema de inteligencia militar, con la disolución de la DNIEM y la centralización de funciones bajo el Estado Mayor Conjunto, desplazando al Ministerio de Defensa.
Pero el mayor foco de conflicto político aparece en la ampliación de los objetivos de inteligencia, que permite considerar como sujetos de interés a activistas, organizaciones sociales o sectores políticos que supuestamente afecten la “estabilidad institucional”, una definición que la oposición califica como vaga y peligrosa.
Si querés, en el próximo mensaje puedo seguir con el bloque de reacciones, análisis legal o un cierre editorial todavía más filoso.
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