Bernardo Voloj, titular de la Defensoría del Pueblo del Chaco, visitó los estudios de CIUDAD TV para dar detalles de las presentaciones judiciales contra el sistema de fotomultas por radares en la provincia y los alcances de la medida cautelar que suspendió el cobro de las infracciones generadas por dicho método. 

Cabe señalar que fue a partir de una medida impulsada por la Defensoría que el juez Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, dictó la medida cautelar innovativa contra el Poder Ejecutivo y ordenó suspender toda actuación relacionada a infracciones detectadas por “radares” colocados a partir de 2022 en rutas nacionales y provinciales.

“Cuando la gente se enteró, casi por casualidad, de la existencia de una página web donde constaban registros de supuestas infracciones derivadas del sistema de radares de fotomultas, nuestra primer medida fue decirle que no pague tratando de que se esclarezca un poco esta situación, tener de información más fiable y hemos pedido a las autoridades competentes que nos expliquen cuál era el estado del sistema y el funcionamiento real, la cantidad de supuestas infracciones existentes y el monto de las mismas”, explicó Voloj sobre las primeras acciones ante los reclamos de los usuarios.

“Lamentablemente, eso no pasó, la información siguió siendo confusa, incluso a mucha gente le empezaron a llegar notificaciones de tipo prejudicial con plazos que no se sabían de dónde estaban tomados y con valores altos. Frente a esta situación, hicimos este amparo y cautelar que nos salió favorable, con muy buen criterio por parte del juez, suspendiendo la validez de todas las infracciones generadas por el sistema de radares de fotomultas desde el 2022, que fue la fecha cuando se implementó”, detalló.

Sobre los reclamos por las multas, el defensor indicó que “no hubo una notificación por medios idóneos y muchas infracciones eran en el mismo lugar, a la misma hora”. “Mucha gente fue a pagar cuando se enteró de la existencia en la propia web a un valor del 2024 y no al valor real del momento de la infracción”, expuso. 

“Tuvimos entre 90 a 100 casos por día, que nos llegaban a la Defensoría desde distintas partes de la provincia por situaciones que iban de una infracción de 80 mil o 90 mil pesos a situaciones extremas como la de una familia que vivía cerca de la rotonda del hipermercado, en avenida Sabin y autovía, que se tenía que trasladar por trabajo a Tirol en dos vehículos con casi 11 millones de pesos en multas”, advirtió. 

Voloj aclaró que la medida impulsada por la Defensoría “no fue a la legalidad del sistema y al sistema de fotomultas, que es una política pública que bien implementada puede ayudar a prevenir fuertemente la siniestralidad vial; sino por las fallas del procedimiento”. “Cuando este sistema no está integrado, es confuso y el procedimiento no es claro y genera estos vacíos y situación de indefensión a muchas familias, deja de tener el carácter preventivo y educativo y se convierte en algo más de tipo recaudatorio”, planteó.

“Si se quiere trabajar realmente en serio con este sistema como una medida de política pública para fomentar la seguridad vial, que se haga como corresponde con un sistema integrado, con la información respaldatoria de señalización y, fundamentalmente, con un procedimiento claro para que el ciudadano pueda ejercer su defensa”, aseveró respecto de la puesta en marcha de las fotomultas por radares que quedó frenada por la justicia.

En cuanto a los alcances de la medida del juez Flores, el defensor del Pueblo afirmó que, “al estar vigente la medida cautelar, se suspenden estas infracciones, por lo tanto no deberían pagarse hasta tanto se resuelva el amparo donde pedimos la nulidad de todas las multas y también un cambio en el procedimiento para evitar estas lagunas que se generaron”. 

En tanto, aclaró que las “personas que pagaron deberían esperar también hasta tanto se resuelva el amparo o hasta que salgan también algunos proyectos de ley que apuntan en ese sentido de distintos bloques políticos en el Parlamento chaqueño”.

“El procedimiento no estuvo bien hecho, se dañó y se puso en una situación de indefensión a muchísimos chaqueños, lo que hicimos no tuvo ningún tipo de componente político sino dar claridad en un sistema que cuando funciona y está bien implementado puede resultar beneficioso para mejorar la siniestralidad vial, para fortalecer la seguridad ciudadana y otras cuestiones referidas al tránsito propio en la provincia, sobre todo en rutas nacionales, por el tipo de calidad de información que uno busca”, reafirmó.

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