En el marco de la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, la Fiscalía Federal de Resistencia pidió la detención del poderoso empresario forestal Roberto Nardelli. Es la primera vez en la historia de la provincia que se solicita una medida semejante.

El año pasado, la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (CAJE) denunció un entramado político-empresarial responsable de la devastación del bosque chaqueño.

El fiscal federal de Primera Instancia, Patricio Sabadini, corroboró la denuncia de la ONG y dictaminó que en Chaco existía una “organización criminal” conformada por funcionarios y empresarios que posibilitó la aniquilación de los bosques protegidos en la provincia para el “beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad”.

Sabadini también solicitó el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda “los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024”, que habilitaba el desmonte de miles de hectáreas que estaban protegidas por ley, y “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”, lo que finalmente se concretó por orden de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, por el término de tres meses. En febrero de este año, la justicia federal de Resistencia extendió por seis meses más la medida cautelar.

De acuerdo al comunicado de la ONG ambientalista, Nardelli es un “empresario con poderosos vínculos políticos en la provincia que desobedeció la medida cautelar dictada como resultado de la acción judicial, que prohíbe los desmontes en toda el territorio de Chaco”.

También recuerda que “es el mismo empresario al cual ya le habían secuestrado judicialmente la topadora el mes pasado (a pedido de lxs abogadxs) y que se pudo constatar, en base a las denuncias de valientes chaqueños/as, que la volvió a usar para seguir realizando desmontes”.

Connivencia del Gobierno provincial
Durante 2024 la deforestación en Chaco alcanzó una superficie equivalente a dos veces la de la Ciudad de Buenos Aires.

Para CAJE “a pesar de la prohibición, el desmonte ilegal continuó, evidenciando el incumplimiento sistemático de las normativas ambientales y la connivencia del Gobierno provincial”.

“En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, operativos de la Dirección de Bosques desarticularon desmontes en curso, confirmando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y sancionar a los responsables”, concluyó el comunicado.